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Más de una vez hemos escuchado alguna noticia sobre “la Bestia”, ese tren que cruza el sur de México y que es utilizado por miles de personas de Honduras, El Salvador o Guatemala que buscan escapar de la situación de violencia, pobreza e inseguridad en la que viven. Todos hemos visto imágenes impactantes de hombres, mujeres, niñas y niños que viajan aferrados al techo de ese tren, muchas veces sufriendo terribles consecuencias como la separación familiar, la afectación a sus cuerpos o sufren de extorsiones de parte de la delincuencia organizada. Más allá de estas imágenes transmitidas en los medios de comunicación, la información pública disponible sobre las causas que producen el fenómeno migratorio o las necesidades de las personas migrantes durante su trayecto es escasa.

A pesar de que México se caracteriza por ser un país de tránsito, receptor y expulsor de flujos migratorios, las organizaciones de la sociedad civil, académicos y activistas interesados en contribuir con la protección de los derechos de las personas migrantes han podido dar cuenta de que el Estado genera, sistematiza y publica muy poca información sobre la política migratoria. Estos vacíos han permeado incluso a actores claves como los organismos públicos encargados de implementar las políticas públicas. Como resultado de esto, las comunidades migrantes se enfrentan a autoridades que les niegan la información para acceder a algún programa que les beneficie o bien no pueden ejercer de manera efectiva sus derechos.

Precisamente, este es uno de los ejes centrales del Libro Migrar en las Américas: movilidad humana, información y derechos humanos y que fue coordinado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación junto con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Lanús de Buenos Aires, Argentina. A lo largo de diez capítulos que relatan las experiencias de diversos países del continente americano, se busca mostrar que la producción de información es la base para la elaboración de políticas públicas que respondan las necesidades de las personas migrantes, concretamente la protección de sus derechos humanos. Ello se complementa, además, con la posibilidad de que esta información sea pública y conocida tanto por autoridades de gobierno como por las comunidades migrantes.

En ese sentido, la utilización de la herramienta de acceso a la información fue básica para realizar esta investigación y comparar, de igual forma, la existencia o no, de obstáculos para acceder a la información relativa a la política migratoria. El libro aborda esta temática analizando los casos de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México y Uruguay. El capítulo de México, por ejemplo, aborda el tema de la opacidad que persiste en el Instituto Nacional de Migración (INM) como órgano encargado de gestionar la política migratoria. En 2011, el total de los recursos aprobados por la Cámara de Diputados al INM fue de $1,760,000,000 de los cuáles $1,321,000,000, es decir el 75%, se destinaron al pago de sueldos y prestaciones personales y el 25% se destinó a gastos de operación. No obstante, la forma en que la información presupuestaria del INM está presentada impide conocer cuántos recursos se canalizan a proteger a las personas migrantes. Por ello, la poca información disponible no permite conocer si el INM está efectivamente utilizando los recursos para proteger los derechos de las personas migrantes establecidas en diversos tratados internacionales, la Constitución mexicana y la Ley de Migración.

La lectura de este libro es indispensable para conocer que en las Américas existen desafíos en cuanto a la información pública sobre migración y las políticas migratorias, y México no escapa a esta tendencia. La falta de información y datos confiables, incluyendo el uso de los recursos, es un problema persistente y que impide conocer qué está haciendo el gobierno para proteger los derechos de las personas migrantes.

Cecilia Toledo

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